El Superior Tribunal de Justicia de San Luis confirmó la condena a prisión perpetua para Marina Abigail Silva, ex policía, por el asesinato de sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2. El fallo, adoptado por unanimidad, rechaza los recursos de casación y apelación presentados por la defensa, dejando firme la sentencia dictada en octubre de 2025.

El crimen ocurrió la madrugada del 1 de octubre de 2024 en el barrio Los Fresnos, en Juana Koslay. Según la investigación, Silva aprovechó que se encontraba sola con los niños, verificó el funcionamiento de su arma reglamentaria y preparó la escena. Los menores dormían en una cama matrimonial cuando Silva les disparó dos veces a cada uno, en el pecho y en la cabeza, causándoles la muerte inmediata. Antes, la acusada dejó cartas de despedida y carteles en las puertas de la casa advirtiendo sobre la escena que encontrarían.

Durante el juicio, la defensa argumentó que Silva atravesaba un cuadro depresivo severo, producto de años de violencia de género, dificultades económicas y una maternidad ejercida en soledad. Presentaron pericias psicológicas y psiquiátricas que describían un estado de "suicidio ampliado", en el que la acusada habría creído que protegía a sus hijos de un futuro devastador. Sin embargo, el tribunal sostuvo que, si bien Silva fue víctima de violencia verbal, psicológica, física, sexual y económica en relaciones anteriores, estas circunstancias no justificaban una reducción de la pena ni modificaban la calificación legal.

Los magistrados destacaron la planificación y conciencia de Silva antes, durante y después de los asesinatos. "La investigación demostró una conducta planificada y consciente", señalaron en el fallo. Tras el doble crimen, Silva intentó quitarse la vida y fue hallada cerca del dique Cruz de Piedra.

La sentencia ratificó la agravante de alevosía, ya que las víctimas estaban indefensas. El tribunal también rechazó los planteos de inconstitucionalidad sobre el régimen de ejecución de la pena. El caso, que conmocionó a San Luis, reabrió el debate sobre la aplicación de la perspectiva de género en delitos graves y la responsabilidad penal en contextos de vulnerabilidad.