El Tribunal Oral Federal N°8 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a Marcelo D'Alessio a 13 años y 6 meses de prisión por su rol como líder de una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero entre 2016 y 2019. La sentencia, dictada tras un extenso juicio oral de casi dos años, también incluyó penas para otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y varios empresarios.

La causa se originó en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció que D'Alessio le exigió 300.000 dólares para no involucrarlo en la causa judicial conocida como "los cuadernos". La investigación, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, reveló que la organización obtenía información confidencial de bases de datos estatales y la utilizaba para extorsionar a empresarios y otras personas, amenazándolos con involucrarlos en causas judiciales o exponerlos mediáticamente.

Durante el juicio, que contó con más de 100 testigos y 30.000 gigas de pruebas digitales, se probó que D'Alessio y sus cómplices operaban en dos asociaciones ilícitas: una dedicada al espionaje y la extorsión, y otra al lavado internacional de activos. El tribunal también ordenó continuar investigando los circuitos internacionales de lavado y la posible participación de otros funcionarios y agentes estatales.

Entre los condenados se encuentran los exagentes de inteligencia Ricardo Oscar Bogoliuk y Rolando Hugo Barreiro, quienes recibieron penas de 9 años y medio y 6 años de prisión, respectivamente. Otros tres empresarios fueron condenados a penas en suspenso por su participación en la red de lavado de dinero. Tres imputados, entre ellos un excomisario y un oficial de Prefectura, resultaron absueltos.

El caso puso en evidencia los vínculos de la organización con funcionarios judiciales, fiscales, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios. D'Alessio, que ya cumplía una condena previa por tentativa de extorsión, se presentaba como experto en narcotráfico y colaborador de fiscales, con frecuente presencia en medios de comunicación.

El fallo fue considerado un avance en la lucha contra la impunidad en redes de espionaje y extorsión, aunque la justicia ordenó profundizar la investigación sobre otros posibles implicados y circuitos financieros internacionales. El fiscal Stornelli, inicialmente procesado, fue finalmente sobreseído y no llegó a juicio. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán en septiembre de 2025.