El Gobierno nacional ha lanzado el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", una iniciativa que busca permitir a los ciudadanos utilizar sus ahorros no declarados sin restricciones excesivas. Según Juan Alberto Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el plan tiene como objetivo simplificar el cumplimiento tributario y proteger la libertad económica de los ciudadanos.

El plan, que entrará en vigor el 1 de junio, incluye un régimen simplificado de ganancias que excluye a grandes contribuyentes y personas jurídicas. ARCA predeterminará el impuesto, permitiendo a los contribuyentes aceptarlo o rectificarlo. Además, se derogarán la mayoría de los regímenes de información fiscal para fomentar el uso de ahorros fuera del sistema bancario.

Sin embargo, el plan ha generado controversia. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó la medida como un "blanqueo encubierto" y anunció que mantendrá controles estrictos en su provincia. Por otro lado, provincias como Córdoba han mostrado disposición para adherir al régimen, mientras que Santa Fe expresó un apoyo condicionado, advirtiendo sobre los riesgos de lavado de dinero.

El Gobierno ha advertido que las provincias que no adhieran al plan perderán acceso a información clave sobre facturación y consumos de contribuyentes. Según Pazo, esta medida busca evitar que las provincias utilicen la información para "perseguir a los ciudadanos por sus consumos personales o incrementos patrimoniales".

En cuanto al impacto fiscal, el Gobierno asegura que la medida no afectará significativamente la recaudación, que representa solo el 1,8% del total, y que incentivará el consumo y la inversión. Además, se planea una reforma de la Ley Penal Tributaria para elevar el umbral de evasión penal tributaria, actualmente en 15.000 dólares, a estándares internacionales.

El plan ha recibido el respaldo de sectores como CAME y entidades rurales, que ven en la iniciativa una oportunidad para incentivar la economía. No obstante, críticos advierten que podría facilitar el lavado de dinero y carece de seguridad jurídica.

En un contexto preelectoral, el "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" ha polarizado opiniones, destacando la complejidad de equilibrar incentivos económicos con controles fiscales y políticos. El Gobierno insiste en que la medida es necesaria para combatir la informalidad económica, que alcanza el 50% en el país, y fomentar la bancarización.