El camarista federal Fernando Poviña se encuentra en el centro de una controversia judicial y ética tras decidir mantener en libertad a Jerónimo Martínez Parada, hijo de Mario Martínez Salazar Pérez, su compañero de lista en las recientes elecciones del Club Atlético Tucumán. La decisión fue tomada el 5 de mayo de 2025, en plena campaña electoral, cuando Poviña y Martínez Salazar compartían actos proselitistas y promocionaban juntos la lista "Atlético de América".

Martínez Parada está procesado por asociación ilícita y lavado de activos en la megaestafa piramidal RT Inversiones, que habría perjudicado a cerca de 2.500 personas en Catamarca. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, integrada por Poviña y otros vocales, rechazó el pedido de prisión preventiva, argumentando que no existían riesgos procesales. Sin embargo, la simultaneidad entre la campaña electoral y la resolución judicial ha generado fuertes cuestionamientos sobre la imparcialidad del magistrado.

La normativa vigente, tanto el Código Procesal Penal como el Código Iberoamericano de Ética Judicial, establece la obligación de excusación en casos de conflicto de interés. Documentos y fotografías oficiales demuestran que Poviña y Martínez Salazar mantenían una relación política activa durante el período en que se dictó la sentencia. La lista opositora impugnó la candidatura de Poviña, citando el reglamento judicial, pero la impugnación no prosperó y la lista "Atlético de América" ganó las elecciones el 14 de junio de 2025.

El caso ha reavivado el debate sobre la confianza pública en la administración de justicia en Tucumán, especialmente ante antecedentes de inacción judicial en casos de corrupción y vínculos familiares. Ana Victoria Salomón, hermana de una víctima de violencia, expresó: "La Justicia nunca hizo nada (...) la familia de este tipo tenía vínculos con la política de Tucumán, y por eso no lo encerraron ni siquiera un día".

La situación plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas éticas y legales por parte de los magistrados, así como sobre la transparencia y credibilidad de las instituciones judiciales y deportivas en la provincia. El Consejo de la Magistratura podría intervenir ante posibles violaciones al deber de excusación y al reglamento judicial, mientras la sociedad tucumana observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos.