La provincia de Mendoza concretó este jueves un hecho sin precedentes en la Argentina: la subasta de la mansión del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por corrupción. La propiedad, ubicada en el exclusivo barrio Alto Portal del Sauce, fue rematada por $172.241.977,30, cifra que superó ampliamente el precio base tras una intensa puja entre seis oferentes.

El remate se realizó bajo la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta legal que permite al Estado recuperar bienes adquiridos de manera ilícita por funcionarios públicos. Este caso representa el primer antecedente en el país en el que fondos provenientes de la corrupción retornan efectivamente al Estado para ser destinados a obras de infraestructura, en este caso, la reparación y mejora de escuelas públicas de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo celebró la medida y afirmó: “La mansión del exintendente Luis Lobos, obtenida de forma ilícita, fue subastada por más de $172 millones. Este es el primer caso de Extinción de Dominio del país, que impulsamos desde nuestra provincia, permitiendo que lo robado regrese al Estado para beneficiar a la comunidad”.

El proceso de subasta, realizado de manera virtual, contó con la participación de 110 oferentes y se extendió más allá del horario previsto debido al interés generado. El comprador final, cuya identidad permanece reservada, es residente de Guaymallén.

Luis Lobos, quien fue intendente entre 2013 y 2015, cumple una condena de ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta. La extinción de dominio se realizó en paralelo al proceso penal, a través de la Justicia Civil, y fue avalada por la jueza María Paz Gallardo en 2021.

Además de los fondos obtenidos por la subasta, otros $447 millones recaudados de nueve inmuebles por herencias vacantes en la provincia serán destinados a financiar obras de infraestructura escolar. La legislación mendocina establece que los recursos recuperados de la corrupción deben aplicarse exclusivamente a la mejora de la educación pública.

Este caso marca un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina y posiciona a Mendoza como pionera en la aplicación de la Extinción de Dominio, sentando un precedente para futuras acciones similares en el país.