Tras más de veinte años de espera, la Justicia argentina dictó sentencia en el caso del Yectafer adulterado, un medicamento que causó la muerte de al menos cuatro personas y graves secuelas en otras 29. El Tribunal Oral Federal N°3 de la Capital Federal condenó a seis de los diez imputados que llegaron a juicio, imponiendo penas de entre 4 y 8 años de prisión y ordenando el pago de indemnizaciones que superan los 1.030 millones de pesos.

El proceso judicial, que comenzó en 2004 y se extendió durante dos décadas, reveló la existencia de una organización criminal dedicada a la falsificación y comercialización de un lote adulterado de Yectafer, un suplemento de hierro utilizado principalmente para tratar la anemia. Los peritajes demostraron que el medicamento contenía una concentración de hierro tres veces superior a la indicada, lo que resultó letal para varias personas.

Entre los condenados se encuentran Pablo Jorge Cernadas, exdirector de compras de Quimbel, quien recibió 8 años de prisión, y Daniel Rabinovich, dueño de la droguería, condenado a 7 años. El diseñador gráfico Miguel Cervera fue sentenciado a 5 años, mientras que otros tres implicados recibieron 4 años de prisión. Por otro lado, cuatro acusados fueron absueltos y otros cinco no llegaron a juicio por haber fallecido durante el extenso proceso.

Las víctimas fatales incluyen a Verónica Díaz, de Viedma, Luciana Giménez, quien estaba embarazada, Paulina Álvarez y Osbel Roly Lombardi. El tribunal fijó indemnizaciones históricas, destinando sumas millonarias a los familiares de las víctimas y a quienes sufrieron lesiones graves. En el caso de Giménez, la compensación alcanza los 450 millones de pesos.

El fiscal Miguel Osorio subrayó durante el juicio el "gravísimo daño a la salud pública" causado por la organización, señalando que no se trató de un hecho aislado sino de una estructura criminal compleja. Sin embargo, sobrevivientes y familiares de las víctimas manifestaron su descontento con las penas impuestas, considerándolas insuficientes tras tantos años de espera.

El caso Yectafer deja al descubierto las falencias en los controles de medicamentos y la lentitud de la justicia, pero también marca un precedente en la reparación a las víctimas de delitos contra la salud pública en Argentina.