El sistema universitario argentino atraviesa una de sus mayores crisis en años, tras el llamado a un paro nacional de docentes y no docentes universitarios a partir del 16 de marzo. La medida, impulsada por las principales federaciones sindicales, responde al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que exige la actualización de salarios y partidas presupuestarias en función de la inflación.

El conflicto se intensificó luego de que el Congreso aprobara la ley, vetada en dos ocasiones por el presidente Javier Milei y finalmente ratificada por el Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su ejecución y presentó un proyecto alternativo que limita los aumentos salariales y elimina la actualización retroactiva. Un fallo judicial ordenó la aplicación inmediata de la norma, pero el gobierno apeló la decisión y mantiene paralizadas las negociaciones paritarias.

Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), los salarios docentes han perdido entre un 25% y un 30% de poder adquisitivo desde 2023, y muchos trabajadores perciben apenas $250.000 por 10 horas semanales. El presupuesto universitario, que en 2023 representaba el 0,72% del PBI, cayó al 0,51% en 2025, afectando no solo los salarios, sino también becas, mantenimiento edilicio y servicios esenciales.

Las asambleas docentes, con fuerte respaldo de base, votaron mayoritariamente por el paro de una semana, aunque crece la presión por una huelga indefinida si no se atienden los reclamos. "Llevamos perdidos siete salarios con este gobierno", señaló Clara Chevallier, secretaria general de Conadu. Por su parte, el oficialismo sostiene que no habrá aumentos ni convocatoria a paritarias hasta que se apruebe el nuevo proyecto o se resuelva el amparo judicial presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional.

El conflicto impacta en más de dos millones de estudiantes y amenaza con paralizar el inicio del ciclo lectivo en la mayoría de las universidades nacionales. En este contexto, la situación se agrava por la proximidad de las elecciones en la Universidad de Buenos Aires, donde el oficialismo busca consolidar su presencia. El desenlace del conflicto podría marcar un precedente en la relación entre el gobierno y el sistema universitario argentino, con consecuencias de largo alcance para la educación pública.