La Justicia argentina dictó en las últimas semanas una serie de fallos que marcan un precedente en la lucha contra el fraude digital conocido como SIM swapping. Esta modalidad delictiva, que consiste en la clonación del chip de un teléfono celular para acceder a cuentas bancarias y sustraer fondos, ha generado pérdidas millonarias a usuarios en distintas provincias del país.

En Junín, una mujer fue víctima de este tipo de estafa y perdió 19,2 millones de pesos luego de que delincuentes, tras clonar su chip mediante un trámite de autogestión, accedieran a su cuenta bancaria y realizaran siete transferencias en cuestión de minutos. La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín confirmó la condena solidaria contra Movistar y el Banco Galicia, al considerar que ambas empresas fallaron en sus mecanismos de seguridad. "El sistema de autogestión utilizado no ofrecía las medidas de seguridad suficientes para evitar que un tercero pudiera hacerse pasar por el cliente", señala el fallo, que también remarca la falta de controles bancarios ante operaciones inusuales.

Un caso similar ocurrió en Río Negro, donde una jubilada perdió casi tres millones de pesos tras un cambio fraudulento de chip. La Cámara de Apelaciones de Viedma modificó el fallo de primera instancia y condenó tanto al Banco Patagonia como a Telefónica Móviles Argentina, al determinar que el fraude fue posible por la concurrencia de fallas en los protocolos de ambas compañías. "Las entidades financieras tienen la obligación de monitorear las operaciones en función del perfil transaccional de cada usuario", subrayó el tribunal.

En otro fallo reciente, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la obligación de un banco de restituir el dinero sustraído a una clienta y pagar una indemnización por daño moral, tras comprobar que la entidad no activó los mecanismos de control ante transferencias atípicas.

Estos casos reflejan el crecimiento de las estafas digitales en el país y la necesidad de reforzar los sistemas de seguridad tanto en el sector financiero como en el de telecomunicaciones. Las sentencias judiciales no solo buscan reparar el daño a las víctimas, sino también establecer estándares más altos de protección para los usuarios frente a delitos informáticos que evolucionan constantemente.