El 19 de febrero de 2026, Argentina vivió un paro general de alto impacto convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida, que coincidió con el debate legislativo en la Cámara de Diputados, paralizó el transporte público, la actividad bancaria, el comercio y numerosos servicios en todo el país. Aerolíneas Argentinas suspendió 255 vuelos, afectando a más de 30.000 pasajeros, mientras que gremios del transporte, marítimos y aeronáuticos adhirieron masivamente a la huelga.

A pesar del contundente acatamiento y la visibilidad de la protesta, el oficialismo logró aprobar la reforma laboral con el apoyo de bloques aliados, tras eliminar el polémico artículo 44 sobre licencias médicas para destrabar el consenso parlamentario. La nueva legislación introduce cambios significativos en las condiciones de despido, licencias y, especialmente, en el derecho a huelga, que desde 1957 tiene rango constitucional en Argentina. Sindicatos y sectores de la oposición calificaron la reforma como "el peor ataque a los derechos laborales en la historia reciente", mientras que el gobierno argumentó que las modificaciones son necesarias para modernizar el mercado laboral y fomentar la competitividad.

El paro se produjo en un contexto de creciente malestar social, marcado por el cierre de empresas emblemáticas como FATE, que dejó a 920 trabajadores en incertidumbre, y una recesión que afecta a la industria y el empleo. La inseguridad y la percepción de vulnerabilidad en barrios del conurbano bonaerense también alimentan el clima de tensión. Dirigentes sindicales admitieron debilidades en la convocatoria y señalaron la necesidad de mayor unidad y organización desde las bases, mientras que sectores de izquierda reclamaron una respuesta más combativa y sostenida.

La protesta evidenció la desconexión entre la dirigencia política y las demandas sociales, en un momento en que la legitimidad del gobierno y de los sindicatos es puesta en cuestión. El futuro inmediato plantea desafíos para la representación de los trabajadores y la estabilidad política, en un escenario donde la calle vuelve a ser protagonista del debate nacional.