El Gobierno argentino ha implementado cambios en el Régimen de Zona Fría, afectando los subsidios al gas natural en regiones de bajas temperaturas. Según las Resoluciones 216/2025 y 219/2025 de la Secretaría de Energía, los usuarios con más de un medidor a su nombre verán reducido su descuento del 50% al 30%. Además, quienes deseen mantener el beneficio completo deberán demostrar vulnerabilidad socioeconómica a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Esta medida impactará a 137,975 usuarios en provincias como Mendoza, Córdoba y Santa Fe, entre otras. El Gobierno argumenta que el sistema de subsidios actual es insostenible y busca evitar "injusticias" entre regiones cálidas y frías. "Es injusto que alguien que vive en una zona cálida, como Chaco, deba cubrir con su tarifa parte del beneficio otorgado a usuarios de provincias como Córdoba o Santa Fe", señalaron fuentes oficiales.

El Régimen de Zona Fría, que permite descuentos del 30% al 50% en las tarifas de gas, fue ampliado en 2021 para incluir más regiones con inviernos severos. Sin embargo, el fondo fiduciario que financia este régimen ha acumulado un déficit significativo, lo que llevó al Gobierno a tomar estas medidas de ajuste.

La decisión ha generado críticas en las provincias afectadas. Gobernadores y legisladores locales han cuestionado la constitucionalidad de la medida, argumentando que podría excluir injustamente a personas vulnerables. "La Ley de Zona Fría no se rige por el poder adquisitivo del usuario sino por la temperatura de la zona donde se habita", señaló un legislador de Mendoza.

Por otro lado, organizaciones de defensa al consumidor han expresado su preocupación por el impacto social de la medida. "Se trata de una mercantilización del servicio que lo toma como mercancía y no como un derecho humano", advirtió un especialista en consumo.

El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un paso necesario para sanear las cuentas públicas y focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan. Se espera que esta decisión reduzca el déficit del fondo fiduciario y contribuya al objetivo de reducir el gasto público.

A futuro, se anticipa que la medida podría ser judicializada, lo que abriría un nuevo capítulo en el debate sobre la sostenibilidad y equidad de los subsidios energéticos en Argentina.