El presidente Javier Milei autorizó, mediante un decreto de necesidad y urgencia, el ingreso de tropas estadounidenses para participar en ejercicios militares conjuntos con la Armada Argentina. El decreto 697/2025, publicado el 1 de octubre, habilita la llegada de 30 efectivos de las fuerzas especiales de EE.UU. (Navy Seals) entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano.

La decisión, tomada sin la aprobación previa del Congreso, generó una fuerte polémica política y social. La senadora Cristina López, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de repudio en el Senado, argumentando que "7 de cada 10 argentinos rechazan la medida" y que el decreto "pasa por encima del Congreso y viola la Constitución". López enfatizó la sensibilidad de Tierra del Fuego en cuestiones de soberanía y advirtió sobre el riesgo de "entregar la provincia a una potencia extranjera".

Desde el oficialismo, se justificó la urgencia de la medida por la "naturaleza excepcional" del ejercicio, señalando que la no participación afectaría el adiestramiento naval en operaciones combinadas. El Ministerio de Defensa destacó que el ejercicio Tridente busca mejorar la interoperabilidad, la integración doctrinal y la capacidad de respuesta ante escenarios complejos, tanto en combate como en asistencia humanitaria.

El ejercicio, que tendrá un costo estimado de $60,2 millones, prevé la participación de 30 Navy Seals estadounidenses y 40 comandos argentinos, junto a unidades navales y aéreas. El decreto también autoriza la salida de tropas argentinas para ejercicios en Chile.

El contexto internacional agrega tensión al debate: la medida coincide con el acercamiento de Milei a Donald Trump y negociaciones económicas con EE.UU. Voceros oficiales negaron que exista un acuerdo para instalar una base militar permanente en Tierra del Fuego, aunque reconocen la competencia geoestratégica en la región.

El Congreso aún tiene la posibilidad de rechazar el DNU en ambas cámaras. Mientras tanto, el debate sobre la soberanía, la legalidad y la política de defensa nacional sigue abierto, con posturas encontradas entre el oficialismo y la oposición.