Una investigación por presunta corrupción sacude nuevamente a la Policía de Tucumán. Este martes, la Unidad Fiscal de Investigación en Delitos Complejos (UFI), bajo la dirección de la fiscal Mariana Rivadeneira, llevó a cabo diez allanamientos simultáneos en domicilios de jefes de comisarías de la provincia. La medida judicial se originó tras una denuncia que alertó sobre presuntos pedidos de coimas y exacciones ilegales dentro de la estructura policial.

Los operativos, que comenzaron en las primeras horas de la mañana, arrojaron resultados positivos para la pesquisa. Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron armas de fuego, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos considerados relevantes para la causa. "La Fiscalía busca determinar si los funcionarios policiales exigían pagos indebidos a terceros", explicó la fiscal Rivadeneira, quien supervisó personalmente las diligencias junto a la secretaria adversarial Brenda Deroy, miembros de la UFI y especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

El material incautado será analizado en los próximos días, y no se descarta que surjan nuevas medidas judiciales a medida que avance la investigación. Por el momento, los nombres de los involucrados se mantienen bajo estricta reserva para no entorpecer el desarrollo del caso. La magnitud de la acción y la cantidad de oficiales comprometidos subrayan la gravedad de la denuncia y la determinación del Ministerio Público Fiscal de esclarecer posibles hechos de corrupción institucional.

Este operativo se produce pocos días después de que se conociera que un ex jefe policial empleaba presos como albañiles en su domicilio, lo que ha puesto en foco la problemática de corrupción dentro de la fuerza policial tucumana. La sociedad local sigue de cerca el avance de la causa, que podría tener implicancias significativas en la estructura y credibilidad de la policía provincial.