El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca transformar la gestión estatal mediante la digitalización de servicios públicos. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, establece el Sistema de Administración Pública Digital, un marco normativo que abarca a todos los organismos estatales, desde ministerios hasta los poderes Legislativo y Judicial.

El proyecto tiene como objetivo agilizar la relación entre ciudadanos y el Estado, mejorar la eficiencia administrativa y garantizar un acceso más equitativo a los servicios públicos. Entre sus componentes principales se encuentran el Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI Mza), el Portadocumento Digital Ciudadano y la Casilla Digital de Notificaciones. Estas herramientas permitirán un intercambio seguro y trazable de datos, acceso único a documentos digitales y un canal oficial de comunicación entre el gobierno y los ciudadanos.

Durante el debate legislativo, el senador Félix González, del bloque justicialista, destacó la implementación del "silencio administrativo positivo" en la Ciudad de Mendoza como un modelo a seguir. Esta medida, vigente desde noviembre de 2024, permite que los comercios obtengan habilitaciones provisionales en solo 24 horas a través de un trámite completamente digital y sin costo. González subrayó la importancia de replicar este tipo de iniciativas a nivel provincial para simplificar la vida de los ciudadanos.

La senadora Ángela Floridia, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, señaló que la transformación digital ya es una política de Estado en Mendoza. "Después de la pandemia, muchos ministerios avanzaron en la implementación de sistemas digitales. Esta ley viene a organizar y profundizar esa línea de trabajo", afirmó. También destacó la creación de una identidad digital unificada y el principio de "solo una vez", que impide que el Estado solicite repetidamente la misma documentación a los ciudadanos.

El proyecto fue bien recibido por todos los bloques políticos, aunque algunos artículos específicos generaron debate. Los organismos estatales tendrán un plazo de 12 meses, prorrogable por un año más, para adaptarse a las nuevas disposiciones. Además, se invita a los municipios a adherirse a la ley en el ámbito de sus competencias.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, también se pronunció sobre la iniciativa, destacando que la capital mendocina ya aplica políticas similares desde hace meses. En respuesta a elogios hacia medidas implementadas en Buenos Aires, Suarez recordó que Mendoza fue la primera ciudad del país en aplicar el silencio administrativo positivo para habilitaciones comerciales.

Con esta legislación, Mendoza da un paso significativo hacia la modernización de su administración pública, apostando por un modelo estatal más ágil, transparente e inclusivo. Se espera que la implementación de estas herramientas digitales marque un antes y un después en la relación entre el Estado y los ciudadanos, facilitando trámites y promoviendo la inversión y el empleo en la provincia.