El rechazo en la Cámara de Diputados al capítulo 11 del Presupuesto 2026 frenó dos iniciativas centrales del gobierno nacional: la condonación de deudas a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, y la eliminación de los subsidios a la denominada zona fría, que beneficia a millones de usuarios residenciales en distintas provincias del país.

El capítulo 11, impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo, contemplaba un esquema de compensación que permitía a Edenor y Edesur cancelar sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) utilizando los ingresos tarifarios que no percibieron durante los años de congelamiento de tarifas. Según estimaciones, el Estado adeuda a ambas empresas hasta 3.500 millones de dólares, mientras que las distribuidoras mantienen deudas con Cammesa por unos 700 millones de dólares. La propuesta buscaba saldar estos pasivos cruzados y evitar posibles litigios internacionales, pero la negativa legislativa dejó la situación sin resolver.

En paralelo, el rechazo parlamentario impidió la eliminación de los subsidios a la zona fría, un régimen que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas a hogares de la Patagonia, el sur de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y otras regiones con condiciones climáticas adversas. La ampliación de este beneficio en 2021 había incorporado a más de tres millones de usuarios, y su posible quita generó preocupación en sectores sociales y políticos, que advirtieron sobre el impacto económico en las familias durante el invierno.

El gobierno nacional argumentó que la eliminación de estos subsidios y la regularización de deudas eran necesarias para avanzar en el equilibrio fiscal y la sostenibilidad del sistema energético. Sin embargo, la oposición y organizaciones sociales sostuvieron que las medidas favorecían a grandes empresas y perjudicaban a los usuarios residenciales.

Por el momento, el esquema de subsidios y deudas cruzadas se mantiene sin cambios, aunque el oficialismo podría intentar reintroducir el debate en el Senado. La continuidad de los beneficios tarifarios aporta previsibilidad a los usuarios, pero deja pendiente la resolución de los desequilibrios financieros en el sector energético.