Granja Tres Arroyos, la principal productora de carne avícola de Argentina, confirmó el cierre definitivo de su planta Becar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a partir del 1° de diciembre. La decisión, motivada por una crisis financiera y operativa que se profundiza desde 2023, implica el traslado de entre 270 y 300 operarios a la planta La China, ubicada en la misma ciudad, y la opción de retiros voluntarios para parte del personal.

La empresa, que emplea a unas 7.000 personas y produce cerca de 700.000 pollos diarios, enfrenta atrasos salariales significativos: solo se pagó el 20% de los sueldos de octubre y persiste la incertidumbre sobre el pago de noviembre. "No podemos vivir así. Los trabajadores están endeudados, pagan multas por atrasos y no saben cómo seguirá la empresa. No es posible que una quincena se pague en cinco cuotas", declaró Miguel Ángel Klenner, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA).

El traslado de los empleados a La China, que también sufrió paralizaciones recientes por reclamos salariales y actualmente opera al 50% de su capacidad, fue negociado con los sindicatos. Sin embargo, gremios y trabajadores denuncian que los retiros voluntarios funcionan como despidos encubiertos y que la incertidumbre laboral se mantiene alta. "Hubo retiros voluntarios, varias personas han hecho el acuerdo y se han ido", confirmó Sergio Vereda, secretario general del Sindicato de la Carne local.

La crisis de Granja Tres Arroyos se agravó tras el cierre del mercado chino para las exportaciones avícolas argentinas en 2023, lo que representó una pérdida de 160 millones de dólares para el sector. La empresa redujo su volumen exportador y endureció sus medidas internas, incluyendo la concentración de operaciones y la reducción de personal.

En paralelo, crecen los rumores sobre una posible venta de la compañía a capitales estadounidenses, con Tyson Foods como principal interesada. Tyson ya posee el 34% de las acciones de Granja Tres Arroyos y, según fuentes del sector, una eventual compra podría implicar una modernización industrial, pero también nuevos recortes de personal.

El conflicto podría extenderse a otras plantas del grupo si no se resuelven los atrasos salariales y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa. Los gremios advierten sobre el impacto social y laboral de la crisis, mientras la empresa insiste en que la medida busca eficiencia y no implica despidos masivos. El desenlace de la situación dependerá de la capacidad de la empresa para obtener inversiones o concretar una venta que permita superar la crisis financiera.