El conflicto judicial por la expropiación de YPF en 2012 alcanzó un nuevo punto de tensión luego de que la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenara a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park, en cumplimiento de una sentencia de US$16.000 millones. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió de manera temporal la ejecución de esa orden, permitiendo al Estado argentino presentar sus alegatos y solicitar una suspensión definitiva mientras se resuelve la apelación.

El gobierno de Estados Unidos, tanto bajo la administración de Joe Biden como la de Donald Trump, manifestó un respaldo explícito a la posición argentina. El Departamento de Justicia estadounidense presentará un escrito ante la Cámara de Apelaciones advirtiendo sobre los riesgos legales y diplomáticos de obligar a la Argentina a entregar acciones de YPF, argumentando que tal medida violaría la inmunidad soberana y podría sentar un precedente perjudicial para los intereses estadounidenses en el exterior. "El fallo podría interferir indebidamente con los derechos legítimos de los estados extranjeros y va en contra de los intereses de la política exterior estadounidense", señalaron fuentes oficiales.

La defensa argentina sostiene que la transferencia de acciones no puede realizarse sin la aprobación del Congreso, y que la orden judicial excede la jurisdicción estadounidense, ya que las acciones de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no en Wall Street. Además, se evalúa la posibilidad de que el gobierno de EE.UU. proponga la designación de un intermediario para facilitar una negociación entre las partes, lo que podría allanar el camino hacia un acuerdo extrajudicial.

El caso, que se originó tras la nacionalización de YPF en 2012 y la posterior adquisición de derechos litigiosos por parte de Burford Capital y Eton Park, representa el mayor desafío judicial para la Argentina en la actualidad. Analistas consultados consideran improbable que el Estado argentino entregue las acciones y prevén que el proceso se prolongue, incluso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos si no se alcanza un acuerdo. Mientras tanto, el gobierno argentino busca ganar tiempo y espera que la Cámara de Apelaciones reduzca el monto de la sentencia, en un contexto donde el acceso a los mercados internacionales de crédito sigue siendo una prioridad para la administración de Javier Milei.