El barrio privado Nordelta fue escenario de una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos, realizados en las propiedades de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, alteraron la tranquilidad habitual del exclusivo complejo residencial.

La investigación se inició tras la filtración de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, que revelaron posibles maniobras de corrupción en la provisión de medicamentos y servicios de salud. El despliegue policial comenzó en la madrugada, generando desconcierto entre los vecinos, quienes compartieron sus impresiones y quejas por la falta de comunicación oficial en los chats internos del barrio.

Durante los allanamientos, Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba abandonar Nordelta. En su vehículo, la Policía encontró sobres con 266.000 dólares y 7 millones de pesos, además de su celular y pasaporte. Por su parte, Jonathan Kovalivker logró abandonar su vivienda antes de la llegada de los efectivos, pero posteriormente se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde entregó su teléfono móvil sin proporcionar la clave de acceso.

La Justicia también investiga el rol de Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber avisado a Jonathan Kovalivker sobre el operativo policial, facilitando su fuga. De Vicentis negó las acusaciones en su declaración indagatoria, aunque la Justicia secuestró sus teléfonos celulares para peritaje.

Como parte de las medidas cautelares, se bloquearon las cajas de seguridad de los principales implicados y se prohibió la salida del país. Además, se allanaron las sedes de ANDIS y la droguería Suizo Argentina, donde se incautaron computadoras y documentación relevante para la causa.

El caso, que involucra a exfuncionarios y empresarios, se suma a otros episodios de corrupción en organismos estatales, poniendo el foco en la transparencia de las licitaciones públicas y la gestión de fondos destinados a la salud. La Justicia remarcó que no se tolerará la obstrucción de la investigación, mientras los implicados colaboran parcialmente con la entrega de dispositivos electrónicos, aunque sin facilitar claves de acceso. El desarrollo de la causa será clave para esclarecer el alcance de las maniobras y sus consecuencias en el ámbito público.