El diputado nacional y exministro de Economía, Ricardo López Murphy, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone reemplazar el peso argentino por una nueva moneda denominada "Argentum" (AG) a partir del 1 de enero de 2026. Según la iniciativa, cada Argentum equivaldría a $1.000 actuales, y la centésima parte de la nueva unidad se llamaría centavo. El proyecto prevé un período de transición de seis meses durante el cual circularán simultáneamente billetes y monedas de ambas denominaciones, tras lo cual solo el Argentum tendrá curso legal.

López Murphy argumentó que la eliminación de ceros en la moneda no constituye una reforma económica de fondo, sino una herramienta técnico-administrativa destinada a simplificar cálculos, reducir errores y fortalecer la confianza en los instrumentos de uso diario. "La creación del 'Argentum' se presenta como una medida técnica prudente, jurídicamente respetuosa de los derechos adquiridos y orientada a mejorar el funcionamiento del sistema monetario argentino", sostuvo el diputado.

El proyecto establece que todas las entidades financieras deberán convertir los saldos en pesos a Argentum, y que las obligaciones de pago, incluidas remuneraciones y prestaciones previsionales, deberán abonarse en la nueva moneda desde la fecha de inicio. Además, se remarca que la medida no alterará el valor real de bienes, servicios, contratos u obligaciones.

La propuesta se fundamenta en antecedentes históricos de la economía argentina, que ha atravesado varios procesos de redenominación monetaria, como el reemplazo del Austral por el Peso en 1991, cuando se eliminaron cuatro ceros. López Murphy subrayó que la utilización cotidiana de cifras elevadas complica las transacciones y registros, y que la simplificación nominal podría reducir costos tanto en impresión de billetes como en sistemas digitales.

Si bien la iniciativa ha generado debate, algunos analistas consideran que el cambio podría ser prematuro si la inflación no se controla de manera sostenida. Otros destacan la comodidad y claridad que aportaría la nueva denominación, aunque advierten que no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina. El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso, donde se analizarán sus posibles impactos y viabilidad.