Durante los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, Argentina experimentó una de las crisis laborales y empresariales más profundas de las últimas décadas. Según relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y diversos medios, se registraron 629 conflictos laborales y cierre de plantas en todo el país, con una pérdida de más de 300 mil puestos de trabajo y el cierre de 17.063 empresas más de las que abrieron.

Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe encabezaron el ranking de conflictos, seguidas por La Rioja, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. El impacto fue especialmente severo en sectores como la construcción y la industria manufacturera, afectados por la paralización de la obra pública y la recesión derivada del ajuste fiscal. El sector público nacional perdió 61.569 empleos, mientras que el privado no logró absorber esa mano de obra, sumando un saldo negativo de 236.845 puestos.

La industria nacional registró una contracción cercana al 10% en su nivel de actividad, y las pymes industriales acumularon diez trimestres consecutivos de caída, en parte por la apertura de importaciones. El salario mínimo sufrió una caída real del 36% en dos años, y los aumentos en servicios básicos como electricidad, gas, agua y transporte superaron ampliamente la inflación.

En este contexto, el gobierno nacional impulsó una reforma laboral que promete reducir el "costo de contratar" y fomentar el empleo. Sin embargo, dirigentes sindicales y trabajadores expresaron su rechazo, advirtiendo que la flexibilización laboral profundiza la precarización y debilita los derechos laborales. Rubén Crosta, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Lomas de Zamora, afirmó: "La política económica del gobierno de Javier Milei ha favorecido únicamente la concentración económica y la especulación financiera, relegando la producción y el trabajo".

Las movilizaciones sindicales se intensificaron durante 2025, con la CGT y otros gremios encabezando protestas en defensa de los derechos laborales. El crecimiento de la informalidad, el cuentapropismo forzado y la economía de la supervivencia se consolidaron como tendencias, mientras la sociedad observa con preocupación el futuro del trabajo y la estabilidad social.

El escenario para 2026 no presenta perspectivas favorables si se mantiene el actual modelo económico, advierten los dirigentes sindicales. "Ninguna reforma laboral ha generado empleo genuino. Sólo el crecimiento económico real aumenta las posibilidades laborales", concluyó Crosta. La situación plantea desafíos significativos para la reconstrucción del tejido productivo y social argentino.