El Gobierno nacional oficializó la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que amplía el alcance y refuerza el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. La medida, publicada el 3 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial, establece que el Ministerio de Seguridad será la autoridad de aplicación, desplazando al Ministerio de Justicia, y redefine el uso forense del ADN en investigaciones penales.

El decreto 709/2025 deroga la reglamentación anterior de 2017 y responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los avances científicos y tecnológicos, así como a las modificaciones introducidas por la Ley 27.759. El registro, que originalmente se destinaba a delitos contra la integridad sexual, ahora abarca también homicidios dolosos, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.

Según la nueva normativa, el registro almacenará y sistematizará perfiles genéticos provenientes de evidencia recolectada en escenas del crimen, personas imputadas, procesadas o condenadas, cadáveres no identificados, familiares de desaparecidos y personal judicial o de fuerzas de seguridad. Además, se permitirá la incorporación voluntaria de patrones genéticos de mayores de edad.

El almacenamiento y tratamiento de los datos se realizará bajo estricta confidencialidad, en bases separadas de la información filiatoria, y con control judicial para la decodificación de perfiles. El sistema informático garantizará la trazabilidad del acceso de los funcionarios y la administración segura de la información, en línea con la Ley de Protección de Datos Personales y convenios internacionales.

La reglamentación prioriza el ingreso de perfiles genéticos de imputados, procesados y condenados por delitos graves, y promueve el intercambio de información con registros provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires para reforzar la coordinación federal. Se crea la Comisión Nacional de Huellas Genéticas, encargada de coordinar y supervisar el funcionamiento del registro, así como de intervenir en el concurso público para la designación del director definitivo.

El decreto establece que el cargo de director será cubierto mediante concurso público en un plazo de 120 días hábiles, aunque el Poder Ejecutivo podrá designar un director interino con experiencia en genética forense hasta entonces. La medida busca evitar la impunidad, reducir la revictimización y mejorar la identificación de personas desaparecidas, aunque plantea desafíos en la protección de datos sensibles.