El Gobierno nacional oficializó la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. La medida, establecida por el Decreto 396/2025 y publicada el 18 de junio, forma parte de una estrategia más amplia de reducción y reorganización del Estado.

Según el Gobierno, la decisión busca optimizar la eficiencia administrativa, evitar superposiciones de funciones y reducir el gasto público. "La convergencia de funciones permitirá centralizar capacidades técnicas y aprovechar la infraestructura existente, generando un desarrollo más robusto del conocimiento aplicado a los riesgos naturales", argumentó la administración nacional. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que la medida responde a la necesidad de simplificar la estructura estatal y promover un uso racional de los fondos públicos.

Sin embargo, la decisión generó preocupación y rechazo en la comunidad científica y entre los trabajadores de los organismos afectados. Investigadores del INA advirtieron que la pérdida de autonomía y descentralización dificultará la realización de convenios con universidades, provincias y organismos internacionales, así como la contratación de personal y la adquisición de equipamiento especializado. "Nos dejan como burócratas para responder consultas. Claramente no entienden cómo funciona un organismo como este", lamentó Leandro Kazimierski, investigador del INA.

El rector de la Universidad Nacional de San Juan, Tadeo Berenguer, expresó su desconcierto ante la medida y la calificó como un "retroceso tremendo" en materia de ciencia y tecnología. "El hecho de hacerlo desaparecer y subsumirlo dentro de un área minera genera dudas, no entiendo la lógica del Gobierno Nacional", afirmó.

La reorganización también afecta a las oficinas regionales del INA, como la Subgerencia Centro Regional Andino en Mendoza, que cumple funciones clave en la investigación y monitoreo de recursos hídricos. Trabajadores del organismo manifestaron incertidumbre sobre el futuro de sus puestos y proyectos, y alertaron sobre la posibilidad de cierre de oficinas y venta de activos.

El Gobierno sostiene que la reestructuración no afectará la continuidad de las funciones técnicas esenciales y que permitirá una mejor coordinación de políticas públicas en infraestructura hídrica y gestión de riesgos naturales. No obstante, la medida se inscribe en un contexto de ajuste y desinversión en ciencia y tecnología, que ya ha generado rechazo en otros organismos como el INTA y el INTI. El debate entre eficiencia administrativa y el fortalecimiento de la capacidad científica del Estado sigue abierto, mientras trabajadores y especialistas advierten sobre las consecuencias a largo plazo de la pérdida de autonomía y recursos en áreas estratégicas.