El municipio de Pilar implementó desde el 1° de diciembre una modificación en la Tasa de Protección Ambiental, que ahora se cobra como un 2% sobre el total de ventas sin IVA en supermercados, hipermercados y grandes superficies comerciales. La medida, que reemplaza el anterior sistema de monto fijo, generó un fuerte rechazo entre comerciantes, cámaras empresariales y autoridades nacionales.

Según la nueva ordenanza fiscal, la tasa también alcanza a shoppings, hoteles, industrias y universidades privadas, que deberán actuar como agentes de recaudación. El recargo será discriminado en cada ticket de compra, lo que implica que los consumidores verán reflejado el aumento de manera explícita en sus compras.

La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) manifestaron su preocupación y solicitaron audiencias urgentes con las autoridades municipales. "La aplicación de la nueva alícuota generará graves perjuicios a los vecinos de Pilar y los supermercados enfrentarán problemas operativos severos por la falta de tiempo y especificaciones técnicas", advirtió Juan Vasco Martínez, director ejecutivo de ASU. Por su parte, Armando Farina, presidente de CADAM, señaló que "quienes hagan sus compras en Pilar abonarán un 2% más caro que en cualquier otro municipio, encarecimiento que se vuelve aún más sensible en pleno mes de compras por las fiestas".

El ministro de Economía, Luis Caputo, criticó la medida en redes sociales, en línea con la política nacional de reducción impositiva. "Mientras en La Libertad Avanza trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada. No van a aprender nunca. No les interesa la gente", expresó Caputo.

El sector gastronómico local también manifestó preocupación por el impacto indirecto en sus costos, mientras que los comercios minoristas de cercanía se mantienen expectantes. La medida se da en un contexto de recesión y caída del consumo, con comerciantes reportando mermas de clientes y aumento de gastos fijos.

El caso de Pilar se suma a una tendencia de municipios bonaerenses que buscan fortalecer sus ingresos propios ante restricciones presupuestarias, lo que ha generado un debate sobre la presión fiscal y su impacto en la economía local. Las cámaras empresariales advierten que la acumulación de tributos municipales desalienta la actividad económica y afecta el bolsillo de las familias, mientras que el municipio defiende la necesidad de sostener la recaudación para financiar servicios locales.