El presidente Javier Milei anunció una profunda reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), permitiendo a la fuerza realizar detenciones y requisas sin orden judicial, así como tareas de prevención del delito en espacios públicos y digitales. La medida, oficializada por decreto el 18 de junio de 2025 y presentada junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca modernizar la PFA y alinearla con estándares internacionales, como los del FBI estadounidense.

Según el nuevo estatuto, la PFA tendrá como misión principal la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, con especial énfasis en la desarticulación de organizaciones criminales. El decreto habilita a la policía a actuar sin orden judicial en casos donde existan sospechas fundadas o peligro de pérdida de pruebas, y permite el ciberpatrullaje en redes sociales y sitios web públicos.

La reforma incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que será el eje de la nueva estructura operativa. Además, se establece un recorte progresivo en el ingreso de nuevos suboficiales y una reorganización administrativa para fortalecer el control civil y la transparencia interna.

El anuncio generó fuertes reacciones. Organizaciones de derechos humanos, como el CELS y Amnistía Internacional, advirtieron sobre los riesgos de abuso policial, vigilancia masiva y criminalización de la protesta social. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) cuestionó la constitucionalidad del decreto y señaló errores técnicos en la reforma. "La reforma representa una nueva oportunidad desperdiciada porque no modifica el funcionamiento de la PFA y conserva funciones inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna", sostuvo INECIP.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la legalidad de la medida: "No infringimos ninguna ley. Si hay alguna presentación judicial, dirimirá la justicia". Milei, por su parte, afirmó: "Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel".

La reforma se produce en un contexto de alta tensión política y social, tras la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández y el resurgimiento de protestas. El debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales vuelve a ocupar el centro de la agenda pública argentina.