La Justicia de La Plata avanza en una investigación que involucra a 13 exfuncionarios municipales acusados de irregularidades en la contratación de empleados durante la gestión del exintendente Julio Garro. Este viernes, se realizaron 13 allanamientos en domicilios de los imputados, donde se incautaron computadoras, teléfonos y documentos que podrían ser clave para el caso.

El caso, conocido como "Ñoquigate", se originó tras una auditoría interna ordenada por el actual intendente Julio Alak al asumir en diciembre de 2023. La auditoría reveló que numerosas personas cobraban sueldos sin trabajar, incluyendo casos de empleados fallecidos y condenados por delitos graves. Además, se detectaron más de 240 personas domiciliadas fuera de La Plata que figuraban como empleados municipales.

Entre los imputados se encuentran Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación; Mariano Pérez Aramburu, exdirector de Personal; y Néstor Pulichino, exsecretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia. Según el fiscal Juan Condomí Alcorta, los acusados habrían organizado un esquema recaudatorio en el que los haberes de empleados ficticios eran desviados para beneficio personal.

La investigación también tiene vínculos con el caso de Julio "Chocolate" Rigau, un puntero político detenido en 2023 con 49 tarjetas de débito de empleados ficticios de la Legislatura bonaerense. Pruebas halladas en el teléfono de Rigau llevaron a la apertura de esta causa paralela, que apunta a maniobras similares en la Municipalidad de La Plata.

El juez de Garantías Agustín Crispo autorizó los allanamientos, que fueron ejecutados por el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal. Durante los operativos, se incautaron más de $1.200.000 en efectivo, tarjetas bancarias y una importante cantidad de documentación que será analizada.

El caso ha generado indignación en la ciudadanía, que exige mayor transparencia y control en la administración pública. Mientras tanto, los imputados enfrentan cargos graves, incluyendo incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude al Estado y asociación ilícita, que podrían derivar en penas de prisión.

La actual gestión municipal ha reducido la planta de empleados a la mitad y continúa trabajando en la reorganización administrativa para evitar que estas irregularidades se repitan en el futuro.