El Gobierno nacional amplió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para incluir proyectos destinados a la generación de energía eléctrica, según la resolución 938/2025 publicada en el Boletín Oficial. Esta decisión, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca fomentar la inversión productiva en sectores estratégicos y modernizar la infraestructura energética del país.

A partir de esta modificación, las empresas del sector energético podrán adherirse al RIGI y acceder a beneficios como la importación de insumos y bienes con arancel cero. Además, la normativa exige que al menos el 10% del valor de los bienes importados sea adquirido a proveedores locales, promoviendo así la participación de la industria nacional. "Resulta oportuno y conveniente incluir en el régimen los proyectos para la generación de energía eléctrica", señala el texto oficial.

La resolución también redefine el concepto de puesta en marcha de los proyectos y establece sanciones específicas ante incumplimientos, como la ejecución total de garantías si no se adquieren bienes nacionales o se utiliza el régimen de manera indebida. Asimismo, se simplifican los requisitos para facilitar la competitividad industrial y se prorroga el plazo para la rendición de cuentas de proyectos pendientes.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que, a un año de la puesta en marcha del RIGI, se han recibido solicitudes de adhesión para 14 proyectos, con inversiones que totalizan US$16.514 millones. Hasta el momento, cinco proyectos han sido aprobados bajo este régimen.

La medida se produce en un contexto de emergencia energética, declarada hasta mediados de 2026, tras una serie de cortes de luz que afectaron a más de 100.000 usuarios en Buenos Aires y el conurbano durante una ola polar. El Gobierno espera que la ampliación del RIGI contribuya a evitar futuros cortes y a fortalecer la infraestructura energética nacional.

Analistas y funcionarios coinciden en que la iniciativa puede atraer inversiones, incrementar las exportaciones y favorecer la creación de empleo, aunque advierten sobre la necesidad de un estricto control para garantizar el cumplimiento de los requisitos y evitar abusos en el uso del régimen.