El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, mientras sindicatos, opositores y organizaciones sociales se movilizan en rechazo a la iniciativa. El proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados tras la eliminación de un controvertido artículo sobre licencias médicas, propone modificar aspectos clave de la legislación laboral, como la reducción de indemnizaciones, la ampliación de jornadas laborales y la limitación del alcance de las huelgas.

Durante la jornada, miles de manifestantes se congregaron en el centro de Buenos Aires, así como en ciudades como Mar del Plata y Rosario, para expresar su repudio a la reforma. "Los derechos que nos quieren arrebatar hoy se consiguieron con muertos, con lucha y en la calle, y se defienden de esa manera", declaró José Luis Rocha, secretario general de la CGT, en medio de la movilización. Por su parte, Ezequiel Navarro, de la CTA Autónoma, sostuvo: "Sabemos que algunos senadores van a traicionar los intereses de los trabajadores y otros están de acuerdo con esto. Y esa ley va a salir, pero nosotros estamos de pie, estamos en la calle y vamos a seguir luchando".

El oficialismo defiende la reforma como una herramienta para atraer inversiones extranjeras, aumentar la productividad y generar empleo. Sin embargo, los gremios advierten que la iniciativa suprime derechos históricos y pone en riesgo el futuro de los trabajadores. La semana pasada, la CGT realizó un paro nacional de 24 horas y se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante el debate en Diputados.

El proyecto reingresó al Senado para su revisión, y se prevé que la Cámara Alta acepte los cambios realizados por Diputados, lo que permitiría la aprobación definitiva de la ley. Milei planea presentar la reforma como un logro de su gestión en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El debate se desarrolla en un contexto de alta polarización política y social, con la resistencia sindical liderada por la CGT y la CTA, y el oficialismo buscando consolidar su agenda de reformas económicas profundas.

Las consecuencias de la reforma, de aprobarse, podrían marcar un cambio significativo en las relaciones laborales argentinas, con impacto directo en los derechos de los trabajadores y el rol de los sindicatos. El país sigue atento al desenlace de la votación y a las posibles repercusiones en el clima social y político.