El triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela, ha sacudido a la sociedad argentina y puesto en el centro del debate la problemática del narcotráfico y la inseguridad en el conurbano bonaerense. Las tres jóvenes, oriundas de La Matanza, desaparecieron el viernes 19 de septiembre tras abordar una camioneta con patente adulterada. Cinco días después, sus cuerpos fueron hallados en una vivienda de Florencio Varela, donde se presume que fueron torturadas y asesinadas por sicarios de una banda narco liderada por un joven peruano apodado "Pequeño J".

La investigación policial reveló que el crimen fue transmitido en vivo a través de redes sociales, en un grupo cerrado de miembros de la organización, como una forma de disciplinar a los lugartenientes del jefe narco. El principal sospechoso, de 23 años, tiene una orden de captura y su base de operaciones se encuentra en la villa 21-24, en el límite entre Barracas y Nueva Pompeya. Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el triple homicidio, tras allanamientos realizados en Florencio Varela y la villa Zavaleta.

El caso ha generado una fuerte reacción social, con movilizaciones y reclamos de justicia encabezados por el movimiento feminista y organizaciones de derechos humanos. "Rápidamente desde el movimiento feminista salimos a denunciar que fue femicidio", expresó Myriam Bregman, referente de #NiUnaMenos. La conmoción nacional se ha visto amplificada por las declaraciones de dirigentes políticos, como José Luis Espert, quien responsabilizó al gobierno provincial de Axel Kicillof y a los intendentes por la falta de acción contra el narcotráfico y la inseguridad. "Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal", sostuvo Espert en diálogo con radio Mitre.

El crimen ocurre en un contexto de creciente preocupación por la violencia narco y la marginalidad en el conurbano bonaerense, especialmente en vísperas de las elecciones legislativas. Las denuncias sobre posibles vínculos entre autoridades políticas y bandas narco han profundizado el debate sobre la necesidad de una estrategia integral para combatir el narcotráfico y proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. El caso de Brenda, Morena y Lara expone la urgencia de políticas efectivas de seguridad y justicia, así como la importancia de abordar la violencia de género y la complicidad institucional en estos delitos.