Alejandro Ruffo, de 52 años, fue hallado muerto en su celda de la Unidad Penal 34 de Melchor Romero, donde se encontraba detenido desde agosto de 2025 por el asesinato de su hijo Joaquín, de 8 años. El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando personal penitenciario y otros internos encontraron el cuerpo sin vida del acusado, aparentemente ahorcado con una sábana. Las primeras pericias descartan la intervención de terceros y la autopsia fue ordenada para confirmar la hipótesis de suicidio.

Ruffo había sido arrestado tras cometer un crimen que conmocionó a la sociedad argentina: asfixió a su hijo en la vivienda familiar de Lomas de Zamora, en un acto que, según la investigación judicial, buscaba causar sufrimiento a su esposa, Natalia Ciak. Tras el asesinato, Ruffo intentó suicidarse con un arma blanca, pero fue trasladado al Hospital Gandulfo, donde fue operado y posteriormente derivado a la cárcel neuropsiquiátrica de Melchor Romero.

El caso fue caratulado como "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y con el fin de causar sufrimiento a su cónyuge", enmarcándose como un caso de violencia vicaria. Testimonios de familiares y allegados revelaron antecedentes de maltrato y manipulación por parte de Ruffo hacia su familia. La madre de la víctima, Natalia Ciak, expresó su indignación ante el suicidio del acusado, afirmando: "Nada me devuelve a Joaqui" y calificando a Ruffo de "cobarde".

La muerte de Ruffo en prisión reavivó el debate sobre la protección de víctimas de violencia familiar y el funcionamiento del sistema penitenciario. Las autoridades judiciales abrieron una investigación para esclarecer las circunstancias del suicidio y evaluar el accionar del Servicio Penitenciario Bonaerense. El caso continúa generando repercusiones en la opinión pública y en los organismos de derechos humanos, que reclaman mayores medidas de prevención y asistencia para las víctimas de violencia intrafamiliar.