El 29 y 30 de mayo de 2025, miles de personas se movilizaron en todo el país para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta principal tuvo lugar frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires, mientras que otras ciudades como Córdoba, Mendoza y Santa Fe también fueron escenario de manifestaciones.

La crisis en el sector de discapacidad ha alcanzado niveles alarmantes. Ajustes económicos, falta de actualización de aranceles y retrasos en los pagos han llevado al colapso del sistema de prestaciones. Familias, profesionales y prestadores de servicios enfrentan cancelaciones masivas de coberturas, bajos honorarios y peligro de cierre de instituciones.

El proyecto de ley busca garantizar derechos fundamentales en salud, educación, trabajo y pensiones no contributivas hasta 2027. También propone incentivos para empresas que contraten personas con discapacidad y medidas para fortalecer los prestadores básicos de servicios. Sin embargo, enfrenta resistencia desde el Ejecutivo, que lo considera incompatible con las metas fiscales de "déficit cero".

Organizaciones sociales y figuras públicas, como la actriz Valentina Bassi, han denunciado el abandono estatal y la falta de políticas públicas. "La discapacidad ya venía en emergencia hace varios años. Lo que pasó ahora es que colapsó", afirmó Bassi, quien participó en la movilización junto a otras familias afectadas.

Las consignas de la protesta incluyeron frases como "Lo esencial es invisible al Estado" y "Las terapias sostienen vidas: no son un gasto, son un derecho". Los organizadores pidieron mantener la convocatoria apartidaria, enfatizando que se trata de un reclamo social.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha sido objeto de críticas por su postura frente al proyecto. Voceros de la entidad calificaron la iniciativa como "regresiva" y señalaron que apela a un modelo asistencialista. Además, declaraciones polémicas de su director, Diego Spagnuolo, han generado indignación entre las familias y organizaciones.

La movilización también incluyó un paro de prestadores como transportistas y terapeutas, quienes denunciaron la falta de actualización de aranceles desde diciembre de 2024. "Hoy se nota el hartazgo directamente, porque no podemos solventar más los alimentos en nuestras casas y seguir brindando el servicio", lamentó Juan Pérez Brancatto, presidente de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad.

En los días previos, organizaciones sociales denunciaron ante la ONU la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad en Argentina. Exigieron la derogación de normativas discriminatorias y la adopción de medidas urgentes para garantizar sus derechos.

El Congreso de la Nación se prepara para debatir el proyecto el próximo 4 de junio. Mientras tanto, las familias y profesionales afectados continúan exigiendo soluciones inmediatas para evitar el colapso total del sistema de atención a la discapacidad.