El debate por la eliminación de los subsidios al gas en las denominadas "zonas frías" se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política y social en Argentina. El proyecto, impulsado por el gobierno nacional y ya aprobado en la Cámara de Diputados, enfrenta una fuerte resistencia en el Senado, especialmente de los gobernadores patagónicos y bonaerenses, quienes advierten sobre el severo impacto que tendría la medida en el costo de vida de millones de familias.

La iniciativa oficial propone limitar el subsidio únicamente al precio del gas en boca de pozo, excluyendo otros componentes como transporte y distribución, lo que reduciría significativamente la cobertura estatal. Según estimaciones de la distribuidora Ecogas, de aprobarse la ley, las facturas de gas podrían incrementarse entre un 41% y un 105% en regiones como Mendoza, afectando a más de 3 millones de hogares en todo el país.

La reacción no se hizo esperar. En Tunuyán, Mendoza, vecinos realizaron un "frazadazo" en la plaza central para manifestar su rechazo a la quita del beneficio, mientras que en la provincia de Buenos Aires, donde el régimen de zona fría alcanza a 1,24 millones de hogares, se advierte que tres de cada cuatro familias sufrirían fuertes aumentos en sus tarifas. "La elevación de los costos en las tarifas de luz, que viene estableciendo el Gobierno nacional, ahoga las finanzas de los usuarios", señaló la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, quien presentó un proyecto alternativo para proteger a los usuarios sin acceso a gas natural.

En el Senado, la falta de consenso ha paralizado el avance del proyecto. Legisladores de distintas fuerzas políticas, incluidos peronistas, radicales y representantes provinciales, han cerrado filas para impedir el recorte, mientras que el oficialismo no logra reunir los votos necesarios para avanzar. "No acompañaremos nada que afecte el bolsillo de nuestra población", advirtió Julieta Corroza, senadora por Neuquén.

El trasfondo de la discusión es la búsqueda de un ahorro fiscal de $450.000 millones por parte del gobierno, en un contexto de crisis energética y presión por el superávit. Sin embargo, la urgencia del invierno y las bajas temperaturas en el sur y el centro del país han intensificado la preocupación social y política. El desenlace del debate sigue abierto, con la posibilidad de que el proyecto deba ser modificado o devuelto a la Cámara de Diputados para una nueva revisión.