El transporte público de Tucumán atraviesa una crisis agudizada por el reciente aumento del precio mayorista del gasoil, que subió casi un 60% y amenaza la continuidad del servicio de colectivos en la provincia. Ante este escenario, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, encabezó una reunión con representantes de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) para negociar un plan de racionalización de recorridos, con el objetivo de garantizar la circulación de los colectivos, especialmente en horarios pico, y evitar la suspensión del servicio.

Desde la Municipalidad se aclaró que no se destinarán fondos adicionales al sector, sino que se exigirá eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos existentes. "Aportes nuevos esta Municipalidad no va a hacer. Queremos que los servicios funcionen con los aportes que ya se están dando", afirmó la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano. Además, se solicitó a los empresarios un informe detallado sobre el estado de cada línea y la situación laboral de los choferes, ya que actualmente solo circulan 250 de los 377 coches declarados, lo que genera preocupación por posibles despidos.

El gobernador Osvaldo Jaldo también se refirió a la problemática, subrayando el carácter esencial del transporte público y su impacto en la vida cotidiana de los tucumanos. "No vamos a permitir que Tucumán se quede sin servicio público de pasajeros", aseguró, y destacó la importancia de sostener el empleo en el sector, que involucra a casi 400 familias.

Por su parte, concejales capitalinos advirtieron sobre la posibilidad de un nuevo aumento del boleto y reclamaron la convocatoria a una mesa de diálogo amplia que incluya a todos los actores del sistema. "El aumento del boleto no puede ser la solución automática a cada problema", señalaron, y exigieron avanzar en la licitación del servicio para establecer reglas claras y mejorar la calidad del transporte.

El conflicto se da en un contexto nacional e internacional adverso, con la suba del petróleo y la caída de la coparticipación afectando la capacidad de respuesta local. Mientras tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestó su preocupación por la estabilidad laboral de los choferes y la necesidad de normalizar las frecuencias para evitar despidos.

Las autoridades municipales y provinciales coinciden en la necesidad de encontrar una solución que no perjudique a los usuarios ni a los trabajadores, mientras se mantiene el sistema SUBE y los subsidios nacionales, aunque estos no alcanzan para cubrir el incremento de los costos operativos. Se espera que en la próxima semana se definan medidas concretas para enfrentar la crisis y garantizar la continuidad del servicio.