El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, ha impulsado desde su asunción una profunda transformación del Estado, orientada a la reducción del gasto público y la concentración de poder en el Ejecutivo. A través de decretos de necesidad y urgencia y la Ley Bases, el oficialismo eliminó el Ministerio de Desarrollo Social, transfiriendo parcialmente sus funciones al Ministerio de Capital Humano, y suprimió o desfinanció numerosos programas sociales, de salud, educación, género y economía comunitaria.

Estas reformas, implementadas sin un debate parlamentario amplio y con la delegación de facultades legislativas por parte del Congreso, han generado un vaciamiento institucional sin precedentes en democracia. El Ejecutivo avanzó en la reorganización administrativa, la disolución de organismos regulatorios y la eliminación de fondos fiduciarios destinados a políticas públicas fundamentales. Solo se mantuvieron algunos programas sociales clave, como la Asignación Universal por Hijo y el Programa Alimentar, en un contexto de creciente conflictividad social.

El nuevo marco legal, además de desregular, otorga beneficios impositivos y jurídicos inéditos a grandes inversiones extranjeras, especialmente en sectores como la minería y los hidrocarburos. Paralelamente, se reforzaron las facultades represivas y de vigilancia estatal, ampliando el poder de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia, y restringiendo derechos laborales, sindicales y de protesta.

Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado el impacto de estas medidas en la población más vulnerable, señalando el aumento de la desigualdad y la desprotección social. El gobierno, por su parte, sostiene que las reformas son necesarias para modernizar el Estado y garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, la falta de controles institucionales y la erosión de los mecanismos democráticos generan preocupación sobre el futuro de la democracia y la equidad en Argentina. El proceso, que algunos comparan con experiencias neoliberales previas, se da en contraposición a tendencias regionales donde otros países buscan fortalecer la protección social y los derechos ciudadanos.