La Justicia argentina atraviesa una disputa crucial sobre la investigación de presunto lavado de dinero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la adquisición de una lujosa mansión en Pilar. El caso, que involucra a dirigentes de la AFA, empresas extranjeras y supuestos testaferros, se ha visto demorado por un conflicto de competencia entre distintos juzgados federales.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha solicitado que todas las causas relacionadas con la AFA, incluyendo la investigación sobre la mansión valuada en unos 20 millones de dólares, sean concentradas en su juzgado. Esta propiedad, ubicada en Pilar, figura a nombre de Luciano Pantano y su madre, quienes, según la investigación, no tendrían la capacidad económica para adquirirla. La sospecha es que los fondos utilizados provendrían de maniobras de lavado de dinero ligadas a la dirigencia de la AFA.

En paralelo, se investiga el desvío de hasta 400 millones de dólares de la AFA a través de contratos internacionales gestionados por la empresa TourProdEnter LLC, dirigida por Javier Faroni y Erica Gillette. Parte de estos fondos habrían sido transferidos a sociedades pantalla en Florida y utilizados para la compra de bienes de lujo, como autos de colección y aeronaves.

El conflicto central radica en determinar qué juzgado debe llevar adelante la causa. Mientras los imputados y el juez González Charvay buscan que el expediente permanezca en Campana, el fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, y otros fiscales sostienen que la investigación debe realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, donde se habrían gestado las maniobras financieras. El juez del fuero Penal Económico, Marcelo Aguinsky, también reclama la competencia, argumentando que la sede de la AFA está en CABA y que allí se encuentran las pruebas principales.

La Cámara Federal de Casación Penal, recientemente completada con la incorporación del juez Mariano Borinsky, será la encargada de resolver este conflicto. El tribunal, integrado por Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, deberá decidir si acepta el recurso presentado por el fiscal Cearras y, en caso afirmativo, determinar la jurisdicción definitiva del caso.

La resolución de este conflicto será determinante para el avance de la investigación y podría sentar un precedente sobre la transparencia y el control judicial en el manejo de fondos de entidades deportivas en Argentina.