El Ministerio de Defensa de Argentina, liderado por Luis Petri, enfrenta una creciente presión desde el Congreso y otros sectores debido a una serie de controversias en su gestión. Entre los puntos más críticos se encuentra la crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), que afecta a más de 600,000 personas. La institución ha acumulado deudas significativas, lo que llevó a la renuncia de su último director, Roberto Fiochi, quien había prometido medidas drásticas para paliar la situación. Además, se especula sobre una posible tercerización del servicio médico, lo que ha generado preocupación entre los afiliados.

Otro foco de conflicto es la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), cuya actividad se paralizó debido a sueldos impagos y deudas con proveedores. Aunque el Ministerio de Defensa anunció la reanudación de los pagos, persiste la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, considerada estratégica para la defensa nacional y el desarrollo tecnológico del país.

En el ámbito legislativo, el senador Oscar Parrilli y otros miembros de su bloque han solicitado la interpelación de Petri para que explique las prácticas de las Fuerzas Armadas, incluyendo un polémico ejercicio antidisturbios que resultó en la hospitalización de una joven de 21 años. Este caso ha reavivado el debate sobre el decreto 1112/2024, que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior sin necesidad de declarar el estado de sitio. La medida, aprobada sin consenso parlamentario, ha sido duramente criticada por su impacto potencial en los derechos civiles.

Además, la adquisición de 24 aviones F-16 por un monto de 301 millones de dólares, realizada bajo secreto militar, ha generado cuestionamientos sobre las prioridades presupuestarias del Ministerio. Legisladores como Oscar Agost Carreño han señalado que estas decisiones afectan directamente la calidad de vida de quienes integran las fuerzas de defensa y seguridad.

Desde las Fuerzas Armadas, también se han expresado críticas hacia la gestión de Petri, especialmente en lo que respecta a la distribución de recursos y la falta de transparencia. Exfuncionarios como Juan Martín Paleo han advertido que las reformas impulsadas por el Ministerio benefician principalmente a las autoridades políticas.

Con las elecciones de octubre en el horizonte, se espera que el Congreso intensifique los pedidos de interpelación y que las controversias en torno al Ministerio de Defensa sigan siendo un tema central en el debate político.