En un contexto de denuncias por corrupción y sobreprecios, el Gobierno argentino ha anunciado un nuevo sistema de distribución de pañales para adultos mayores a través del PAMI. Este cambio busca eliminar intermediarios y mejorar la calidad del servicio, según afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El nuevo esquema, que incluye la entrega directa a los domicilios de los afiliados, promete un ahorro de $5.000 millones anuales. Sin embargo, la licitación exprés que adjudicó el contrato, valuado en U$S450 millones, ha sido objeto de críticas. Tres de los cuatro oferentes denunciaron que el plazo de seis días hábiles para presentar propuestas fue insuficiente, lo que generó sospechas de direccionamiento. Además, se reporta un incremento del 20% en los costos y una reducción en la calidad de los pañales.

Adorni defendió el proceso, asegurando que "la justicia dirá si hay algo más que aclarar". También destacó que esta es la primera vez que se realiza un informe técnico con participación de profesionales de la salud para mejorar la calidad del servicio. "A los empresarios prebendarios que lucraban con las necesidades de la gente, sepan que eso se terminó", afirmó.

El contrato incluye la distribución de 17 millones de pañales mensuales a más de 200.000 afiliados, eliminando intermediarios tradicionales como farmacias y droguerías. Aunque esto podría reducir costos logísticos, el aumento en el costo mensual para el Estado, de $11.000 millones a $13.000 millones, ha generado críticas.

El PAMI, que ya enfrentaba denuncias por corrupción en gestiones anteriores, ha anunciado una revisión profunda de sus delegaciones para erradicar prácticas discrecionales. "El tiempo de impunidad se terminó", declaró el organismo en un comunicado oficial.

El caso ha intensificado las tensiones dentro del Gobierno y con sectores empresariales, mientras que la oposición critica la falta de transparencia y el aumento de costos. Las empresas excluidas evalúan acciones legales, y los afiliados expresan preocupación por la posible reducción en la calidad de los productos.

Este contrato, el tercero más importante del PAMI después de medicamentos e internaciones, podría tener implicaciones legales y políticas significativas en el futuro. El debate continúa, y se espera que la justicia y las auditorías internas arrojen más luz sobre el proceso.