La investigación sobre la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei, ha sumado en los últimos días nuevas pruebas y movimientos judiciales y políticos. Según revelaron diversas fuentes parlamentarias y judiciales, el creador de $LIBRA, Hayden Davis, realizó transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a su empresa en momentos clave, incluyendo el día en que se reunió con Milei en la Casa Rosada.

El 30 de enero, Davis ingresó a la sede gubernamental y, minutos después, una cuenta asociada transfirió 500.000 dólares a la plataforma Kraken. Más tarde, ese mismo día, se movieron otros 3,4 millones de dólares a cuentas relacionadas con Kelsier Ventures, la firma de Davis. Estas operaciones, detectadas por especialistas en sistemas y confirmadas por investigaciones periodísticas, coinciden con la preparación del lanzamiento de $LIBRA, que terminó en escándalo tras el desplome del token y denuncias de estafa.

La Justicia de Estados Unidos y diputados argentinos investigan si estos movimientos constituyen parte de una maniobra fraudulenta y si involucran al entorno presidencial. La comisión investigadora en la Cámara de Diputados, creada para esclarecer el caso, permanece paralizada por un empate político entre oficialismo y oposición, lo que dificulta el avance institucional. El fiscal Eduardo Taiano ha sido señalado por demorar la incorporación de pruebas clave y mantener información reservada sobre las billeteras involucradas.

El caso tiene ramificaciones internacionales, con fondos congelados en Estados Unidos y reclamos de acreedores extranjeros. Diputados opositores viajaron a EE.UU. para obtener información judicial ante el bloqueo en el Congreso argentino. Además, se investiga si hubo conversión de criptoactivos a efectivo y la identidad de los destinatarios finales de las transferencias.

En el plano político, la oposición denuncia encubrimiento y bloqueo oficialista en la comisión investigadora, mientras que el oficialismo sostiene que no hay delito comprobado y pide cerrar la investigación. La Justicia estadounidense prevé una audiencia clave el 19 de agosto, donde podrían ser juzgados Davis y otros implicados. El caso sigue generando repercusiones políticas y judiciales, con llamados a mayor transparencia y control institucional.