Un violento ataque se registró en la sede de los canales TN y El Trece, en Buenos Aires, pocas horas después de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, al menos cinco militantes de la agrupación La Cámpora fueron identificados como participantes del hecho, entre ellos José Lepere, exfuncionario nacional y actual asesor en la Cámara de Diputados bonaerense.

El episodio ocurrió cuando un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el edificio de Artear, causando destrozos en autos, vidrios, equipamiento y agrediendo a empleados. Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los principales sospechosos, todos con vínculos con cargos públicos y la organización kirchnerista. Entre los identificados se encuentran también Facundo Lococo, Rubén Ezequiel Pavón y Matías Federici, quienes ocupan o han ocupado cargos en la Legislatura bonaerense y organismos provinciales.

La única persona detenida hasta el momento, Alberto Grasso Rivaldi, fue liberada por la Justicia al no contar con antecedentes penales y no haber sido captado causando daños materiales, aunque sí ingresando al edificio. La investigación continúa con peritajes y análisis de imágenes, y se espera que en los próximos días se cite a declarar a los sospechosos identificados.

El ataque fue repudiado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que exigió una investigación urgente y sanciones a los responsables, así como mayor protección para los medios y periodistas. El gobierno nacional y otros actores políticos también manifestaron su rechazo al hecho.

El contexto del ataque está marcado por la tensión política tras el fallo judicial contra Cristina Kirchner y la movilización de sectores afines, que manifestaron su apoyo a la exmandataria en redes sociales y en las calles. El caso reaviva el debate sobre la seguridad de los medios de comunicación y la polarización política en Argentina, mientras la Justicia avanza en la identificación y eventual procesamiento de los responsables.