La economía argentina atraviesa un período de fuerte ajuste bajo la administración de Javier Milei, quien ha ordenado a sus ministros mantener un estricto control del gasto público para cumplir con el superávit primario comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según fuentes oficiales, solo se priorizan los pagos de salarios y jubilaciones, mientras que las inversiones de capital han sido subejecutadas. Esta política ha generado tensiones en diversos sectores productivos y sociales.

En el plano externo, el Gobierno espera la aprobación de un desembolso de US$2000 millones por parte del FMI, condicionado a la revisión de metas de reservas y la intervención del Banco Central en el mercado cambiario. Mientras tanto, la oferta de dólares provenientes del sector agropecuario comienza a menguar, y los grandes inversores internacionales muestran cautela, a la espera de definiciones políticas tras las elecciones de octubre y de avances en las reformas estructurales prometidas.

El impacto del ajuste se refleja en la economía real. La inflación se mantiene en niveles bajos, pero el consumo y la inversión productiva no logran repuntar. La morosidad bancaria y el desempleo han aumentado, con el cierre de más de 13.000 pymes y 16.000 comercios, según datos de entidades empresariales. La importación de productos afecta a las economías regionales, y la capacidad industrial instalada sigue por debajo del 60%. Además, la falta de continuidad en obras públicas, como el gasoducto Néstor Kirchner, ha dejado a varias ciudades sin gas, afectando tanto a la industria como a los hogares.

En el frente político, la oposición se muestra fragmentada y sin un proyecto alternativo claro, mientras el oficialismo mantiene altos niveles de popularidad. Sin embargo, crecen las protestas sociales: sindicatos, jubilados y trabajadores de la salud y la educación han salido a las calles para reclamar mejores condiciones y rechazar la represión. Cristina Kirchner y otros referentes opositores denuncian una estrategia de judicialización y disciplinamiento mediático por parte del Gobierno.

El contexto internacional tampoco es favorable. El acuerdo UE-Mercosur enfrenta trabas por parte de países europeos, y las relaciones comerciales con Estados Unidos presentan dificultades, como la reciente decisión de restringir importaciones argentinas para la industria petrolera. Analistas advierten que, si bien la disciplina fiscal es reconocida, persisten dudas sobre la sostenibilidad del modelo y el riesgo de un colapso social si no se revierten las tendencias de desempleo y caída del consumo. El futuro inmediato dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar las demandas sociales con los compromisos internacionales y la estabilidad macroeconómica.