La Justicia federal argentina resolvió unificar dos causas judiciales que investigan presuntas irregularidades y malversación de fondos en la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), involucrando a Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al exministro de Defensa, Luis Petri. La decisión fue adoptada por la Cámara Federal porteña, que consideró que ambos expedientes comparten un mismo contexto institucional y hechos relacionados, por lo que deben tramitarse de manera conjunta bajo la órbita del juez Sebastián Ramos en Comodoro Py.

La investigación principal gira en torno a un préstamo de $40.000 millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) al IOSFA, en medio de una severa crisis financiera que derivó en la disolución de la obra social militar. La denuncia, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, apunta a la falta de control y seguimiento en la administración de esos fondos, así como a la posible responsabilidad de Adorni y Petri, junto a otros exfuncionarios.

El juez Ramos había rechazado inicialmente la acumulación de causas, argumentando diferencias temporales, ya que el préstamo se gestionó en enero de 2025 y Adorni asumió en el IAF en junio de ese año. Sin embargo, la Cámara Federal, a través del juez Leopoldo Bruglia, resolvió que ambas investigaciones deben avanzar juntas para evitar resoluciones contradictorias y garantizar una reconstrucción integral de los hechos.

Además del préstamo, la causa investiga compras directas de armamento y medicamentos por montos millonarios, así como un convenio que destinó el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis del IOSFA. El expediente se encuentra en una etapa inicial, a la espera de medidas de prueba y definición de responsabilidades.

En paralelo, Francisco Adorni enfrenta otra causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, con un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán. Este proceso corre en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, y abarca el período 2023-2026.

La resolución de la Cámara Federal implica que la investigación sobre el manejo de fondos públicos en la obra social militar tendrá una conducción única, lo que podría acelerar el avance del caso y su impacto político y judicial en los próximos meses. El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la acumulación si surgen nuevas pruebas que justifiquen separar los expedientes.