El presidente Javier Milei atraviesa su mayor crisis política desde el inicio de su mandato, tras una serie de rupturas con gobernadores provinciales y su vicepresidenta, Victoria Villarruel. El conflicto se desató luego de que el Congreso aprobara, con amplio respaldo de los mandatarios provinciales, un paquete de leyes que incrementa las transferencias automáticas a las provincias y modifica la coparticipación del impuesto a los combustibles, medidas que el Gobierno considera una amenaza para el equilibrio fiscal.

La reacción de Milei fue inmediata: calificó de “traidora” a Villarruel por presidir la sesión del Senado y anunció que vetará las leyes aprobadas. “No voy a negociar con la casta ni a ceder el superávit fiscal”, repiten en la Casa Rosada, donde insisten en que los legisladores deben votar por convicción y no a cambio de recursos. El costo fiscal de las iniciativas, según estimaciones de consultoras privadas y la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscila entre 0,7% y 2,5% del PBI, lo que genera preocupación en el oficialismo y en los mercados.

La ruptura con los gobernadores, muchos de los cuales habían colaborado con el Gobierno en el pasado, se profundizó tras la ausencia masiva de mandatarios en actos oficiales y la falta de diálogo efectivo. “Nos trata a todos igual, a los que lo ayudamos y a los que no”, expresó uno de los gobernadores, reflejando el malestar generalizado. En paralelo, se gestan alianzas provinciales y sindicales con miras a las elecciones presidenciales de 2027, en un intento de construir una alternativa al actual oficialismo.

El conflicto interno en el Gobierno también se agudizó, con diferencias entre Karina Milei y Santiago Caputo sobre la estrategia electoral y la relación con los gobernadores. Mientras tanto, el oficialismo confía en que podrá sostener los vetos presidenciales en Diputados, aunque reconoce que la unidad de los gobernadores podría complicar la gobernabilidad y la aprobación de futuras leyes.

Analistas políticos advierten que la intransigencia del Gobierno y la falta de negociación podrían derivar en una mayor inestabilidad política y económica, en un contexto donde la gobernabilidad depende cada vez más de acuerdos amplios y del equilibrio entre los distintos actores del sistema político argentino.