Un trágico episodio ocurrido en el barrio Villa Belgrano de la ciudad de Córdoba ha generado conmoción y debate en la sociedad y las autoridades provinciales. El jueves por la noche, dos delincuentes ingresaron a una vivienda, ataron a los propietarios y los amenazaron. Ante la inminente llegada de la policía, los asaltantes huyeron del lugar. En medio de la confusión, uno de los dueños de la casa, Paolo Zambelli, descendió a la planta baja y, al ver a una persona que creyó era un ladrón, disparó su arma de fuego. El disparo impactó en el suboficial de la Policía de Córdoba, Luis “Bicho” Azabal, quien falleció a causa de la herida.

En un primer momento, Zambelli fue detenido e imputado por homicidio agravado y tenencia ilegal de arma de guerra. Sin embargo, horas después, la Justicia ordenó su liberación y la causa fue recaratulada como legítima defensa, aunque aún se debate si fue privilegiada o en exceso. El fiscal Víctor Chiapello tomó la decisión tras analizar las circunstancias del hecho y los testimonios de las partes involucradas.

La defensa de Zambelli sostiene que el hombre contaba con los permisos necesarios para la tenencia de armas y que actuó en defensa propia, argumentando que el policía no habría dado la voz de alto antes de ingresar al domicilio. Esta versión es rechazada por la policía, que asegura que Azabal sí se identificó antes de entrar.

El caso ha generado fuertes reacciones. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó públicamente la rapidez con la que se resolvió la situación judicial y advirtió sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en la percepción social de la justicia y en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. “Cuando un policía es tratado con presunción de culpabilidad, mientras quien dispara y mata puede recuperar la libertad en cuestión de horas, existe la percepción de que la ley no se aplica con la misma vara”, expresó Quinteros.

Familiares, amigos y colegas despidieron a Azabal, recordando su vocación de servicio y su labor como docente de artes marciales. El episodio ocurre en un contexto de creciente debate sobre la seguridad y la aplicación de la ley en Córdoba, y coincide con la inminente realización de una reunión nacional de seguridad en la provincia. El caso sigue generando controversia y plantea interrogantes sobre los límites de la legítima defensa y el accionar policial en situaciones de emergencia.