En la antesala del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una masiva movilización en Plaza de Mayo para expresar su rechazo a las políticas económicas y laborales del gobierno de Javier Milei. El acto, realizado el 30 de abril, reunió a miles de trabajadores y dirigentes sindicales, quienes manifestaron su preocupación por el ajuste, el cierre de empresas y el aumento de la informalidad laboral.

Durante el evento, los tres secretarios generales de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, pronunciaron discursos en los que advirtieron que "se acabó la paciencia" frente a las medidas del Ejecutivo. Argüello fue especialmente crítico, calificando al gobierno de "corrupto y explotador" y llamando a profundizar los conflictos si persisten las actuales políticas. Sola, por su parte, cuestionó los datos oficiales sobre la reducción de la pobreza y convocó a la construcción de un nuevo contrato social basado en la justicia social.

El acto comenzó con un homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento, y contó con la presencia de representantes de diversos gremios y sectores políticos opositores. Sin embargo, la movilización fue menor en convocatoria que en años anteriores y no contó con la participación de las CTA ni de la mayoría de las organizaciones de izquierda, que anunciaron su propia marcha para el 1° de mayo.

Según datos difundidos por la CGT, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 cerraron más de 24.000 empresas y seis de cada diez hogares mantienen deudas, reflejando el impacto social del ajuste. Los dirigentes sindicales hicieron un llamado a la unidad de trabajadores, empresarios nacionales y pymes, y dejaron abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque no se anunció un paro general en esta ocasión.

El contexto político y social es de creciente malestar, con encuestas que muestran una caída en la imagen del Gobierno y un aumento del descontento. La CGT busca posicionarse como un actor relevante de cara a las próximas elecciones presidenciales, proponiendo un modelo de país basado en la producción, el trabajo y la justicia social. El Gobierno, por su parte, sostiene que la economía está en proceso de recuperación, aunque enfrenta críticas por la falta de diálogo y el impacto de sus políticas en los sectores más vulnerables.