El anuncio del Gobierno argentino sobre la reducción de aranceles a la importación de productos electrónicos ha desatado una crisis en Tierra del Fuego, particularmente en la ciudad de Río Grande, donde la industria electrónica es un pilar económico. La medida, que busca reducir los precios de celulares, televisores y otros dispositivos hasta un 30%, ha sido recibida con un paro total por parte de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que representa a los trabajadores del sector.

El plan del Gobierno, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, contempla una reducción escalonada de los aranceles de importación de celulares del 16% al 8% en una primera etapa, y su eliminación total para 2026. Además, los impuestos internos para productos electrónicos importados se reducirán del 19% al 9,5%, mientras que los fabricados en Tierra del Fuego pasarán del 9,5% al 0%. Según el Gobierno, estas medidas buscan alinear los precios locales con los internacionales y beneficiar a los consumidores.

Sin embargo, la UOM y otros actores locales han expresado su rechazo, argumentando que estas políticas amenazan con desmantelar más de 45 años de desarrollo industrial en la región. "Defendemos la industria fueguina, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia", declaró el sindicato en un comunicado. El paro afecta a las principales plantas industriales de Río Grande, incluyendo empresas como Newsan y Mirgor, que generan miles de empleos en una provincia de apenas 200,000 habitantes.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida afirmando que, aunque podría generar pérdidas de empleo en Tierra del Fuego, beneficiará a 47 millones de argentinos al reducir los costos de productos electrónicos. "El menor costo de la electrónica implica un dinero extra en el bolsillo de los consumidores, que se volcará al consumo y generará más empleo a nivel nacional", sostuvo.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, calificó las declaraciones de Sturzenegger como "ignorantes" y un golpe a la soberanía provincial. "Esta decisión responde al acuerdo con el FMI, que exige eliminar los beneficios a nuestra provincia", afirmó. Luis Galli, CEO de Newsan, advirtió que la medida pone en duda la viabilidad de seguir fabricando en el país, señalando que el contrabando ya afecta gravemente al sector.

El conflicto sigue en desarrollo, con la UOM exigiendo una solución que garantice la continuidad del régimen industrial y los derechos laborales. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura, argumentando que la medida es necesaria para fomentar la competencia y reducir los precios en el mercado interno. La tensión en Tierra del Fuego pone de manifiesto los desafíos de equilibrar políticas económicas nacionales con las necesidades locales.