La Justicia Federal en Mendoza y Córdoba ha emitido fallos que obligan al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) a restituir la cobertura del 100% de medicamentos gratuitos para jubilados, suspendiendo resoluciones que limitaban este beneficio. Estas decisiones judiciales, que tienen carácter de medida cautelar, han sido impulsadas por organizaciones sindicales y asociaciones civiles, y podrían sentar un precedente para reclamos similares en otras provincias.

En Mendoza, el Juzgado Federal N°2 suspendió las resoluciones 2431 y 2537/2024 del PAMI, calificándolas como "regresivas y arbitrarias". Según Hugo Yasky y Hugo Godoy, representantes de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, estas medidas habían despojado brutalmente a los jubilados de un derecho fundamental. El fallo ordena restituir el beneficio para los afiliados alcanzados por la acción colectiva impulsada por las centrales sindicales.

En Córdoba, un fallo similar también suspendió la resolución 2431/24, que condicionaba el acceso pleno al beneficio a requisitos como tener ingresos por debajo de 1,5 haberes mínimos, no poseer más de una propiedad ni un vehículo de menos de 15 años de antigüedad. La abogada previsional Bárbara Schardgosky explicó que estas restricciones habían generado una carga económica considerable para los jubilados, quienes en muchos casos destinan hasta el 50% de sus ingresos a medicamentos.

Durante la gestión de Alberto Fernández, el PAMI había implementado un sistema de cobertura total para medicamentos esenciales, sin importar los ingresos de los beneficiarios. Sin embargo, en 2024, el organismo modificó este acceso, justificando los cambios en la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema. Estas modificaciones incluyeron la eliminación de más de 40 drogas del listado de cobertura total y la implementación de requisitos restrictivos.

Los fallos judiciales han generado reacciones diversas. Mientras las CTA celebran las decisiones como una reivindicación de derechos fundamentales, el PAMI ha advertido que cumplir con estas medidas podría comprometer su planificación presupuestaria y desfinanciar el sistema en todo el país. Además, el organismo ha intentado trasladar el litigio a la Corte Suprema de Justicia, argumentando que las resoluciones impugnadas afectan recursos públicos con afectación específica.

Expertos legales anticipan que estos fallos podrían replicarse en otras provincias, generando una oleada de reclamos similares. Según la Defensoría de la Tercera Edad, los gastos en medicamentos han aumentado significativamente, alcanzando una inflación acumulada promedio del 237.1% desde noviembre de 2023. Este contexto económico ha intensificado el debate sobre la sostenibilidad del sistema frente a los derechos de los jubilados.

En conclusión, las decisiones judiciales en Mendoza y Córdoba representan un desafío para las políticas de salud pública en Argentina, abriendo un debate sobre la relación entre la sustentabilidad del sistema y los derechos fundamentales de los jubilados. Mientras tanto, los jubilados afectados por las restricciones esperan que estas medidas cautelares se traduzcan en soluciones definitivas.