Una demanda colectiva presentada en los tribunales de Nueva York ha puesto en el centro de la polémica al presidente argentino Javier Milei, acusado de haber realizado una promoción "altamente engañosa" de la criptomoneda $LIBRA. Según los documentos judiciales, el tuit publicado por Milei el 14 de febrero habría dado al token una falsa apariencia de legitimidad y afiliación gubernamental, lo que llevó a que decenas de miles de inversores confiaran en el proyecto y, posteriormente, sufrieran pérdidas millonarias tras el colapso del activo digital.

La demanda, impulsada por los estudios Burwick Law y Hoppin Grinsell, solicita que se mantenga el congelamiento de más de 57 millones de dólares depositados en billeteras virtuales vinculadas a Hayden Davis, principal desarrollador de $LIBRA, y otros involucrados. Los abogados argumentan que la conducta de los acusados representa un riesgo inminente de daño irreparable, ya que podrían intentar transferir o disipar los fondos antes de que concluya el proceso judicial.

En el expediente también se menciona a otros actores, como Benjamin Chow de la plataforma Meteora y Julian Peh de Kip Protocol, acusados de facilitar el presunto fraude. Davis, por su parte, admitió recientemente ante la justicia estadounidense que $LIBRA era un memecoin de carácter especulativo, contradiciendo versiones anteriores que lo presentaban como un proyecto destinado a financiar pequeños emprendimientos en Argentina.

El caso ha tenido repercusiones en la política argentina. El Congreso y la Oficina Anticorrupción analizan transferencias sospechosas y el posible rol de Milei y otros funcionarios en la promoción y desarrollo del token. La oposición reclama mayor transparencia y la reapertura de investigaciones, mientras que el oficialismo sostiene que no existen pruebas directas de responsabilidad del presidente.

La jueza federal Jennifer Rochon deberá decidir en una audiencia prevista para el 19 de agosto si mantiene el congelamiento de los fondos y si el caso continúa en su jurisdicción. El desenlace de este proceso podría tener implicancias legales tanto en Estados Unidos como en Argentina, y marcar un precedente en la regulación y control de activos digitales promovidos por figuras públicas.