El acuerdo entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para transferir la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña ha desatado una fuerte controversia en el ámbito judicial y político. El convenio, presentado como un avance hacia la autonomía institucional de la ciudad, fue remitido al Congreso y requiere la ratificación tanto del Senado como de la Legislatura porteña para su implementación.

La iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca reorganizar la competencia judicial sobre conflictos laborales en el territorio porteño. Según el texto del acuerdo, el traspaso será gradual y contempla la protección de derechos adquiridos por magistrados, funcionarios y empleados judiciales, incluyendo la estabilidad laboral, las remuneraciones y los regímenes previsionales. Además, se garantiza la continuidad de las causas en trámite, que seguirán su curso en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución final.

Sin embargo, la propuesta ha generado un rechazo inmediato por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), quienes consideran que la medida representa un "avasallamiento constitucional" y pone en riesgo la independencia judicial. El gremio judicial convocó a un paro nacional y movilización en protesta por el traspaso, denunciando posibles afectaciones a la estabilidad laboral y la carrera administrativa.

El acuerdo establece que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad será la instancia revisora de las causas laborales locales, mientras que la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantendrá su competencia en los casos previstos por la Constitución. Empresarios y sectores afines al oficialismo apoyan la transferencia, argumentando que permitirá mayor previsibilidad y autonomía local, y que responde a una demanda histórica de la ciudad.

El debate sobre el traspaso del fuero laboral no es nuevo y se vincula con la Ley de Modernización Laboral y fallos recientes de la Corte Suprema. El fuero nacional del trabajo, con más de siete décadas de historia, ha sido tradicionalmente protector de los derechos de los trabajadores. Abogados laboralistas advierten que la reforma podría implicar una flexibilización de derechos y una pérdida de garantías, mientras que el Gobierno porteño sostiene que ya cuenta con un fuero laboral local incipiente.

La controversia refleja tensiones entre federalismo, autonomía y protección de derechos laborales, y anticipa un proceso legislativo complejo, con movilizaciones y debates sobre el futuro de la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires.