El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina se encuentra en vilo debido a un paro docente nacional convocado para el 2 de marzo por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA). La medida cuenta con la adhesión de gremios provinciales y privados, como Sadop, Amsafé, SUTEBA y UEPC, lo que afectará el normal comienzo de clases en varias provincias del país.

El conflicto tiene como eje central el rechazo de los gremios docentes a las ofertas salariales presentadas por los gobiernos provinciales y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno nacional. En Santa Fe, la propuesta oficial contemplaba un aumento del 12,5% hasta junio, distribuido en cuotas mensuales, y un piso salarial de $170.000 desde febrero. Sin embargo, la mayoría de los docentes privados y públicos votó en contra, argumentando que la oferta es insuficiente frente a la inflación y el deterioro salarial acumulado. Además, reclaman la restitución del FONID, que representaba hasta el 10% del salario docente, y mejores condiciones laborales.

En la provincia de Buenos Aires, la situación es similar. El gobierno de Axel Kicillof ofreció una mejora del 3% para febrero, rechazada por los principales gremios docentes, quienes también adhieren al paro nacional. La eliminación del FONID por decreto nacional impactó directamente en los ingresos docentes bonaerenses, lo que llevó a Kicillof a iniciar una demanda judicial ante la Corte Suprema para reclamar la restitución de los fondos.

El trasfondo del conflicto incluye el rechazo a la reforma laboral y educativa impulsada por el gobierno nacional, así como denuncias de retrocesos en derechos laborales y educativos. Mientras tanto, las autoridades provinciales insisten en que las escuelas permanecerán abiertas y defienden sus propuestas salariales como competitivas a nivel nacional.

El paro docente nacional refleja la tensión entre los gremios y los gobiernos, en un contexto de alta inflación, recortes presupuestarios y demandas por la recuperación del poder adquisitivo. El desenlace de la negociación será clave para determinar el inicio efectivo de las clases y el futuro de la política educativa en el país.