El psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido en redes sociales como Dr. Chinaski, se encuentra bajo investigación judicial y ética tras la difusión de polémicas declaraciones sobre el vínculo terapéutico y presuntos abusos en el ámbito universitario. El caso tomó relevancia luego de que se viralizara un fragmento de su participación en el programa de streaming "La barbería de Choy", donde Pérez sugirió que no existe un impedimento moral para que psicólogos mantengan relaciones sexuales con sus pacientes, aunque reconoció un "impedimento lógico" desde el punto de vista del psicoanálisis.

Las declaraciones generaron una ola de repudio en redes sociales y motivaron la apertura de una investigación penal de oficio por parte de la Fiscalía de Paraná, encabezada por la Procuradora Adjunta Mónica Carmona. La Unidad Fiscal de Género invitó a quienes tengan información relevante a aportar testimonios bajo garantía de confidencialidad. Paralelamente, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), donde Pérez fue docente hasta 2019, activó su protocolo institucional para casos de violencia y discriminación, vigente desde 2016, y dispuso el inicio de una sumaria información interna para reunir antecedentes y establecer posibles responsabilidades.

El Colegio de Psicólogos de Rosario también intervino, abriendo un expediente ético que podría derivar en sanciones disciplinarias, incluida la posible quita de la matrícula profesional. El asesor legal del Colegio, Marcelo Martínez, destacó la importancia de la ética en la práctica psicológica y señaló que el proceso disciplinario podría extenderse durante varios meses debido a su complejidad.

En redes sociales y medios, exalumnas y pacientes de Pérez compartieron testimonios sobre situaciones incómodas y presuntos maltratos, mientras la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas denunció la naturalización de abusos en ámbitos académicos. Por su parte, allegados al profesional manifestaron que Pérez se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación.

El caso ha reavivado el debate sobre los límites éticos en la relación entre profesionales de la salud mental y sus pacientes, así como la necesidad de protocolos claros para abordar denuncias de violencia y abuso en instituciones educativas y profesionales. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se definan las responsabilidades y eventuales sanciones.