El Ministerio de Justicia de la Nación propuso a Matías Álvarez, fiscal federal especializado en narcocriminalidad, para liderar la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La decisión, impulsada por el nuevo ministro Juan Bautista Mahiques, se inscribe en una serie de cambios estructurales tras la salida de Mariano Cúneo Libarona y la reorganización de áreas clave bajo la órbita ministerial.

Álvarez, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), cuenta con una sólida trayectoria en la investigación de delitos complejos, especialmente vinculados al tráfico de drogas y el lavado de activos. Entre sus antecedentes más destacados figuran su participación en la causa de las narcoavionetas de Santa Fe y el caso Goldpharma, ambos relacionados con redes criminales transnacionales y mecanismos sofisticados de blanqueo de capitales.

La propuesta de designación de Álvarez se produce en un contexto de transición institucional. Mahiques solicitó la renuncia de los titulares de la UIF, la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción y otros organismos, en el marco de una estrategia de revisión integral de las estructuras estatales. "Trabaja con el doctor Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, y es un funcionario intachable", afirmó Mahiques en declaraciones públicas.

El proceso de nombramiento de Álvarez requiere la publicación de la resolución en el Boletín Oficial, la presentación de declaraciones juradas y un período para recibir observaciones de la ciudadanía y organizaciones civiles. Mientras tanto, la UIF enfrenta desafíos significativos, como la evaluación internacional del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la supervisión de las finanzas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En el plano académico, Álvarez es docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad de Buenos Aires, y participa activamente en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Su designación es interpretada como un intento de profesionalizar y fortalecer la UIF, dotándola de un perfil técnico y especializado para enfrentar el lavado de activos y el crimen organizado en un contexto de creciente complejidad.

La reorganización del Ministerio de Justicia y la elección de Álvarez reflejan la intención del gobierno de reforzar los controles sobre el sistema financiero y responder a los desafíos que plantea la criminalidad organizada, tanto a nivel nacional como internacional.