Un caso de abuso sexual infantil en Córdoba ha culminado con la condena a prisión perpetua de Daniel Ignacio Chazarreta, de 60 años, por los abusos sistemáticos cometidos contra Sofía Lourdes Amaya, quien tenía entre 6 y 11 años al momento de los hechos. La sentencia fue dictada por la Cámara 8° del Crimen de Córdoba, con la participación de un jurado popular.

Los abusos ocurrieron entre 2014 y 2020 en la casa de un matrimonio vecino de la familia de la víctima. Chazarreta aprovechaba la ausencia de su esposa para cometer los ataques, amenazando a la niña con dañar a su hermano menor si revelaba lo sucedido. En 2021, durante una clase de Educación Sexual Integral (ESI) en su colegio, Sofía comprendió que lo que había sufrido tenía nombre: abuso sexual. Este momento fue un punto de inflexión que la llevó a contar su experiencia a amigas y familiares.

A pesar de recibir apoyo psicológico, el impacto de los abusos fue devastador. Según informes periciales presentados en el juicio, los ataques deterioraron significativamente la calidad de vida de Sofía, llevándola a autolesionarse y, finalmente, a quitarse la vida en febrero de 2024, a los 16 años. El fiscal Hugo Almirón argumentó que el suicidio fue una consecuencia directa del accionar del imputado, quien creó las condiciones para que la joven tomara esta decisión.

Durante el juicio, el jurado popular y los jueces coincidieron en la gravedad de los hechos y dictaron la pena máxima. La condena incluye los delitos de abuso sexual calificado por la guarda y grave daño en la salud, seguido de muerte, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores de 18 años calificada por ser encargado de la guarda.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la ESI como herramienta para detectar y prevenir el abuso infantil, así como la necesidad de un enfoque integral que combine educación, prevención y justicia. La sentencia ha sido vista como un paso importante en la lucha contra el abuso infantil y la violencia de género, aunque también subraya la urgencia de fortalecer las redes de apoyo para las víctimas y garantizar un acceso efectivo a la justicia.